El Bono Social Telefónico es una ayuda económica que forma parte del Servicio Universal, un conjunto de servicios de Telecomunicaciones promovido por el gobierno de España.

Puntualmente, este beneficio está destinado a pensionistas y jubilados con el objetivo de reducir el costo de su línea individual de telefonía. El descuento en el abono de la tarifa de teléfono es de un 70% en el alta de la línea fija y del 95% en el pago mensual.

El Servicio Universal forma parte de los derechos de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones Electrónicas. Esta normativa fue aprobada en el artículo 29 «Garantía del carácter asequible del servicio universal» del Decreto 899, en el año 2009.

Los beneficiarios de esta ayuda económica son pensionistas y jubilados de cualquier organismo oficial o pensión privada.

Una de las condiciones para acceder al Bono Social Telefónico, es que la renta familiar no exceda 120% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Esto significa que, los mayores adultos que deseen solicitar esta prestación deberán tener ingresos inferiores a 9.727,54€ al año.

Este indicador de renta lo determina la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. También, esta dependencia del gobierno determina el plan de precios y establece la bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico.

El abono social de telefonía contempla una reducción tanto en la instalación de la línea fija, como en el pago mensual de la cuota.

De esta manera, con la tarifa social de telefonía podrás obtener un 70% de descuento en el alta de la línea telefónica individual fija y un 95% de descuento en cada cuota mensual de la línea telefónica individual fija.

Una aclaración a tener es cuenta es que, el descuento se aplica únicamente a las líneas fijas de teléfono. De esta manera, este tipo de bonificación no será posible de solicitar para los abonos de telefonía móvil.

Los requerimientos que exige Decreto 899/2009 son pertenecer a grupos vulnerables. En particular, la normativa señala que los beneficiarios del abono social deben cumplir con los siguientes requisitos:

Si bien la normativa establecida por el gobierno, establece que todas las compañías deben proveer un tarifa social para el acceso al servicio de telefonía, momentáneamente la única empresa que ofrece este abono es Telefónica España. Por lo tanto, sólo podrás disponer del servicio del Bono Social Telefónico a través de esta empresa.

Las formas de solicitar el Bono Social Telefónico son a través de Fax o mediante correo (tanto físico como electrónico) a las oficinas de Telefónica España. Si deseas solicitar este beneficio, deberás enviar tus datos personales por los siguientes canales de comunicación:

En cualquiera de los casos, deberás completar la siguientes información:

Los siguientes son los documentos que te solicitará Telefónica para dar de alta tu abono social. Toma nota:

¿Qué pasa si el solicitante es pensionista mayor de 65 años? En esta caso, deberá incluir los certificados de la pensión no contributiva, contributiva o pensión privada. Mientras que, si es menor de 65 años deberá entregar su informe de vida laboral, acompañado de su última nómina (si está trabajando) o del certificado del SEPE (si está desempleado).

¿Qué ocurre si el solicitante no es pensionista y es mayor de 65 años? Estas personas deberán incluir el certificado del INSS que demuestre que no está percibiendo ninguna pensión. Por otro lado, si es menor de 65 años deberá aportar el informe de vida laboral, acompañado de la última nómina (si está en activo) o del certificado del SEPE (si está desempleado).

Esta información se encuentra detallada en el sitio de Movistar. Allí, podrás obtener más información en caso de tener dudas.

El Decreto por el cuál se establece el abono social de telefonía es el 899, aprobado el 22 de mayo de 2019. Mediante esta normativa, se contemplaron los derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Por este medio, se establecen las prestaciones que garantizan el Servicio Universal de telecomunicaciones. Estos servicios incluyen un conjunto de beneficios para que todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica o condición social, puedan acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas a un precio asequible y con un nivel de calidad determinado.

La garantía del servicio universal corresponde al operador designado para su prestación. Mientras que, la autoridad de control y regulación de esta normativa es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Además, mediante esta disposición se reconocen los derechos de todos los usuarios de disponer de un contrato en el que figuren las condiciones que se le aplican, el derecho a darse de baja en cualquier momento, el de ser indemnizado en caso de interrupción del servicio, o el de recibir facturación detallada, entre muchos otros.

Esta normativa establece los derechos que deben garantizar los operadores de telecomunicaciones teniendo en cuenta el servicio universal que ofrecen. De esta forma, además de ofrecer un abono social para personas en situación de vulnerabilidad social, también deben garantizar: